El Poder Judicial otra vez en deuda con la sociedad. El escándalo en el juicio por la muerte de Diego Maradona y nuestras instituciones otra vez en la mira.
Opinión
Una vez más vuelve a ser noticia en los diarios un escándalo
en el Poder Judicial: este jueves se declaró la nulidad del juicio en el que se
investiga si se cometió un homicidio en relación con la muerte de Diego
Maradona. La causa, como muchos ya habrán escuchado a esta altura, fue que se
vio comprometida la imparcialidad de uno de los tres jueces que integraban el
Tribunal que estaba juzgando el caso.
La jueza Julieta Makintach quedó en el ojo de la
tormenta después de que se planteara su recusación en el juicio, luego de que
se conociera que la misma estaba participando en la grabación de un documental
relacionado a la muerte del 10 llamado "Justicia Divina". Para aquellos
que no están familiarizados con el término, recusar a un juez significa que se
pide que el mismo no intervenga en un determinado juicio ya que hay motivos
suficientes para creer que no puede ser imparcial (es decir, se cree que tiene
interés en beneficiar a alguna de las partes del juicio). Esta duda sobre la
imparcialidad del juez afecta directamente a la garantía constitucional que
prevé nuestra Constitución Nacional a un debido proceso (según su artículo 18).
Más allá de lo que se termine resolviendo sobre la jueza (la
Suprema Corte de Buenos Aires le ha impuesto una licencia de 90 días y ya se
está hablando de destituir a la magistrada) y del desarrollo de un nuevo juicio
sobre la muerte de Maradona (el juicio deberá comenzar de nuevo, a cargo de
otro Tribunal) hay algo central que no puede pasarse por alto: otra vez vuelve
a quedar manchado el Poder Judicial.
Si ya de por sí la imagen que tiene la sociedad en general con
respecto a nuestras instituciones – que muchas veces llegan tarde a solucionar
los problemas de la gente de a pie – es bastante negativa, este tipo de
situaciones la verdad que no ayudan mucho a cambiar el panorama general sobre
la reputación ni del Poder Judicial, ni del Estado en general.
A mi en lo personal me molestan mucho estas situaciones. Un
poco por ser abogado y estar todos los días en contacto con el mundo judicial,
pero por sobre todo porque realmente tengo la convicción de que el Poder
Judicial es el poder del Estado que está más al alcance de todos para que nos
asistan y se defiendan nuestros derechos. Ni el congreso ni el presidente (se
ve claramente con esta gestión, sino pregúntenle a un jubilado, a alguien del
colectivo LGBTIQ+, a un docente, o a alguien con discapacidad) están en el
día a día resolviendo los problemas de las personas. En cambio (y más allá de
lo estrictamente técnico, respecto a lo que le toca hacer a cada poder del
Estado conforme a la división de poderes) el Poder Judicial está como
herramienta al alcance de todos para plantear nuestros problemas y pedir que se
hagan respetar nuestros derechos.
De los tres tipos de funcionarios que tiene nuestro país (jueces, legisladores y administrativos), los jueces son los encargados de hacer cumplir la Constitución y los derechos que allí plasmó la sociedad, como un núcleo mínimo de reglas de convivencia que no puede ser vulnerado. Y en esta función que tienen los jueces, tienen el deber de resolver los casos que se les planteen de acuerdo con las garantías que la propia Constitución establece (o al menos se supone que así lo hagan).
En este punto le quiero dar la razón a Luque, uno de los acusados por la muerte de Maradona, cuando expresó su enojo al decir: "La jueza diciendo 'la justicia no se mancha' mientras miraba a las hijas, es una joda". Un juez no puede incurrir en estas faltas. No se puede estar demostrando abiertamente una mayor comprensión a una de las partes de un proceso, aunque la frase parezca inocente. Este tipo de comentarios dan a entender, al menos de forma sutil, que el Tribunal ya estaba orientado a una determinada resolución del caso, aún cuando faltaran producirse pruebas. No es serio ni tampoco se puede dejar pasar.
No quiero caer en el pesimismo que – con justa razón –
tienen la mayoría de mis conciudadanos respecto al funcionamiento del Poder
Judicial. Yo quiero seguir viendo con buenos ojos a quienes todos los días se
ponen a leer sobre los problemas de las personas, sobre las historias que cada
uno de nosotros les acercamos, las pruebas con las que contamos y las peticiones
que hacemos para que se hagan respetar nuestros derechos: que se nos pague una
justa indemnización si sufrimos un despido injusto; que se obligue al
progenitor que no se hace cargo de dar recursos económicos a sus hijos a que lo
haga; que si somos víctimas de un delito, se persiga y se castigue su comisión;
que si una empresa no cumplió con el producto o servicio que nos ofreció, que
se nos compense por ello.
Pero así como quiero seguir creyendo en las bondades del Poder Judicial y de todos los funcionarios y auxiliares de la justicia que trabajamos todos los días en pos de una sociedad más justa, tengo que ser también de los primeros en criticar las cosas que erosionan cada día la confianza de todos nosotros en este pilar fundamental de la sociedad como lo es la justicia.
Lo que pasó con la jueza Makintach no es la regla, es la
excepción. Pero lo cierto es que en los años que llevo ejerciendo la abogacía,
fui testigo de muchas excepciones: Secretarios de juzgados y tribunales que
presionan a una de las partes de un juicio para que acepte un ofrecimiento y
llegue a un acuerdo con la otra parte para no tener que ponerse a redactar una
sentencia; audiencistas que alevosamente se ponen del lado de una de las partes
en medio del interrogatorio de testigos; empleados de juzgados que tienen una
velocidad digna de los Juegos Olímpicos para resolver los escritos que presenta
una de las partes, pero que después “duermen” los escritos de la otra. A mi me
ha llegado a gritar una empleada de un juzgado laboral para cubrir un
error suyo y que yo termine cediendo en aceptar la petición de la otra parte,
porque sino la que iba a tener problemas era la propia empleada del juzgado;
todo esto ante la vista del propio Secretario del juzgado que luego de que se
calmó el asunto me vino a pedir disculpas (spoiler: no cedí).
El fiscal Federico Delgado definió alguna vez a nuestro Poder
Judicial de esta forma: “En el Poder Judicial hay abogados buenos y malos, y
personas que no terminaron la carrera de Abogacía. Hay estudiantes, acomodados,
oportunistas y arribistas. Honestos y deshonestos. Formales e informales. Conservadores
y progresistas. Algunos de ellos van a trabajar todos los días. Dentro de ese
grupo, algunos trabajan y otros hacen como si trabajaran. Algunos van sólo a
veces y otros casi no van. Hay responsables e irresponsables. Unos son parte de
la corrupción, otros la toleran y otros la combaten.”
Tal vez, solo tal vez, si quienes tienen la dignidad de
estar a la altura y de trabajar por un mejor Poder Judicial superan en número a
quienes avergüenzan a la defensa en juicio y al debido proceso, quizás podamos
volver a confiar en quienes deciden el destino de nuestros derechos. Quizás así
podamos seguir diciendo “Será Justicia”.
JMR
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